Una parte de la sociedad y de los poderes políticos catalanes se encuentra en proceso de reflexión en torno al modelo económico que está siguiendo el país en el siglo actual. Si bien en el diagnóstico hay bastante confluencia en el sentido de que no vamos del todo bien, en lo que hay que hacer se dan más divergencias. Hay quien receta tratamientos y medicina desde el desconocimiento; hay quien lo hace atendiendo al grupo de interés que defiende (empresarial, sindical, de medios de comunicación…), y también hay una minoría que, menospreciando la diagnosis, ya no se pone en la prognosis. Hay de todo en la viña del Señor. En cualquier caso, como recordaba en mi artículo de la semana pasada, la situación económica del país nos interpela a todos: a la sociedad, a los agentes económicos y sociales y a las administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque las administraciones públicas gestionan recursos provenientes de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas. Además de proveer servicios públicos (como educación, sanidad, protección social, seguridad, etcétera), las administraciones tienen la potestad, a través de sus políticas, de modelar el sistema productivo y (en buena parte) el modelo social de un país.

En Catalunya, al conjunto de todas las actividades de lo que llamaremos genéricamente sector público, nuestra sociedad destina, según datos del Ministerio de la Función Pública de España, nada más y nada menos que a 389.100 personas, distribuidas (a julio de 2025) en empleados de la Generalitat (263.900), administración local (100.100) y administración del Estado español (25.100). Es una cantidad muy grande de empleados,........

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