Ha pasado más de un año desde que se destapó el escándalo de la DGAIA, y todavía no hemos aclarado dónde están los 167,5 millones de euros que, según la Sindicatura de Comptes, el Departament de Drets Socials pagó indebidamente entre 2016 y 2024 (para entender esta cifra, es similar al presupuesto anual del Ajuntament de Girona). El caso es un enorme montón de estiércol que apesta toda la legislatura, y que nuestros políticos —y los medios afines— han querido ignorar.

Repasemos de dónde viene todo. Hace unos años, la administración catalana decidió privatizar el SEVAP (Servicio de Valoración y Acompañamiento al Mayor de Edad), encargado de las prestaciones económicas que se concedían a los jóvenes extutelados, y el contrato fue a parar a la unión temporal de empresas formada por las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles. Un informe de la Sindicatura de Comptes destapó que Resilis había creado plazas fantasma, y que había continuado cobrando subvenciones de la DGAIA para jóvenes que deberían haber estado fuera del sistema —porque, por ejemplo, residían fuera de Catalunya o tenían ingresos que excedían los límites para percibir la prestación. La Sindicatura escribió: “En el periodo 2016-2024 el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros, de........

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