"No hay derecho", pensamos la inmensa mayoría de catalanes cuando se aplicó el 155 (con el apoyo, entre otros, de Salvador Illa) para poder dar lugar a la represión judicial. Que "no hubiera derecho" a tantos procesos y a derivar de ellos penas de prisión, de inhabilitación, de multa o de necesidad de exilio, o que "no hubiera derecho" al flagrante lawfare denunciado desde Catalunya y aplicado a un grupo objetivamente identificable, no es solo una forma de hablar. Ya no lo es. Ahora es una afirmación literal, no una locución o una frase hecha: no hay derecho, no existe, no es ley. Ya existían evidencias antes, a partir del posicionamiento del tribunal de Schleswig-Holstein en el año 2018, todo han sido victorias judiciales que han puesto en su sitio a los tribunales españoles y les han marcado los límites. También lo hizo el Consejo de Europa en el año 2021, como lo han hecho las Naciones Unidas y otros tribunales en Escocia, Bélgica e Italia. No había derecho, pero esto ya es una constatación empírica: no había (ni hay) derecho positivo, legal, aplicable que pudiera servir para reprimir el independentismo de la manera como se hizo. Lo cual también quiere decir que, de cara al futuro, tampoco "no habrá derecho" a hacerlo. La reciente sentencia del TJUE cierra el círculo y lo confirma del todo: España no podía y, por lo tanto, no puede actuar como lo hizo.

Si nos........

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