Durante demasiado tiempo se nos ha querido convencer de que los grandes conflictos entre Catalunya y el Estado eran, en el fondo, discusiones parciales, problemas técnicos, malentendidos administrativos o simples discrepancias de enfoque. Se nos ha dicho que una cosa era la lengua, otra la financiación, otra las infraestructuras, y que mezclarlo todo era incurrir en exageración. Pero quizá el error más persistente de la conversación pública española haya sido precisamente ese: mirar como episodios separados lo que en realidad forma parte de una misma estructura. Porque cuando uno observa con un mínimo de atención lo que ocurre con la escuela catalana, con Rodalies y con el debate sobre la financiación singular, lo que aparece no es una suma de polémicas, sino una misma lógica de poder. En los tres casos, bajo formas distintas, emerge la misma frontera: la autonomía catalana es tolerada mientras no pretenda convertirse en capacidad efectiva de decisión.

La cuestión de fondo, por tanto, no es solo jurídica, ni solo administrativa, ni solo presupuestaria. Es una cuestión mucho más profunda: quién puede decidir sobre los elementos materiales y simbólicos que hacen posible la continuidad de una comunidad política. Un país no existe únicamente porque tenga instituciones, banderas o competencias enumeradas en un texto legal. Existe de verdad cuando puede organizar su escuela, sostener sus infraestructuras básicas y disponer de instrumentos financieros suficientes para orientar su propio destino. Si en esos tres planos decisivos la decisión última se desplaza constantemente fuera de su esfera de control, entonces lo que existe no es exactamente autogobierno, sino una forma de autonomía condicionada, revocable o tutelada. Y la tutela, aunque a veces se disfrace de legalidad, de prudencia técnica o de solidaridad territorial, sigue siendo tutela.

La escuela catalana ofrece quizá el ejemplo más delicado, porque en ella no se discute solo una política pública, sino la reproducción cultural de una sociedad. Cuando un tribunal ordena la ejecución provisional de una sentencia que anula parcialmente el decreto de 2024 destinado a blindar el catalán como lengua vehicular, no está interviniendo en una cuestión menor. Está entrando en el corazón mismo del mecanismo por el que una comunidad transmite a las nuevas generaciones no solo una lengua, sino una determinada idea de convivencia, de espacio compartido y de continuidad histórica. El problema no radica únicamente en la discrepancia sobre qué peso debe tener cada idioma en el sistema educativo,........

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