Su madre fue la víctima número 49 de aquel 2023. Tenía 36 años. Ellas, sus hijas, tienen ahora 5 y 10. Son también las nietas de una mujer que a sus 65 años fue desahuciada el pasado mes de enero de lo que había sido el hogar familiar en Villaverde. A estas dos niñas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les ha denegado, por segunda vez, la beca de comedor. Lo ha hecho cuando apenas quedan tres meses de curso. Lo ha hecho a pesar de que esa unidad familiar, ellas y su abuela, cumple sobradamente los requisitos.

Estas niñas son víctimas de violencia de género. Han intentado acceder a esas becas por esa vía, pero también cumplirían el criterio económico. Ellas y su abuela sobreviven con unos 600 euros mensuales procedentes de los trabajos esporádicos de limpieza y cuidados que hace la mujer de 65 años. Si no reciben ninguna ayuda, ni siquiera el ingreso mínimo vital, no es por un problema de falta de requisitos. Es otra cosa, se llama violencia institucional. Una violencia que no siempre se presenta como un acto visible, sino como una cadena de omisiones, retrasos y decisiones que, acumuladas, producen daño. Una violencia que aparece cuando las instituciones no actúan, o actúan tarde, o actúan mal, incumpliendo su obligación de proteger.

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