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Autonomía fiscal para las regiones, una deuda histórica

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Colombia tiene un problema que se repite cada cierto número de años y que casi nunca se resuelve, el de un país que se gobierna desde un solo punto del mapa mientras el resto de sus regiones espera turno para que Bogotá decida qué hacer con lo que ellas mismas producen. Es un centralismo que no siempre se nota en la Constitución, que habla de autonomía territorial, sino en la vida diaria de un gobernador que debe viajar a la capital a pedir permiso para ejecutar lo que su propio departamento ya pagó en impuestos.

Ese es el telón de fondo sobre el que el presidente Abelardo De La Espriella habló durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, donde planteó que la relación entre la Nación y los departamentos debe dejar de ser una relación de dependencia para convertirse en una relación de cooperación. Dijo que quienes gobiernan un territorio conocen mejor sus problemas que un funcionario sentado en un ministerio y que, por lo tanto, deben tener mayor capacidad para diseñar y ejecutar soluciones. Planteó también que los recursos y el acceso al crédito para grandes proyectos lleguen de manera más directa a las regiones, sin que todo tenga que hacer escala obligatoria en el Gobierno Nacional antes de llegar al territorio donde finalmente se ejecuta, y anunció que esa transferencia de competencias se hará de forma gradual, reconociendo que no todos los departamentos tienen la misma capacidad institucional para asumir nuevas funciones de un día para otro.

Pero este no es un tema nuevo para Colombia, ni mucho menos para quienes llevamos años insistiendo en que la autonomía territorial no puede quedarse escrita únicamente en la Constitución. Esta discusión ya la dimos, la llevamos hasta el Congreso, y ahí tuvo un desenlace que vale la pena recordar.

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© El Universal