El viernes 14 de agosto de 2026, una decena de gobernadores afiliados a Morena, senadores del mismo partido y diversos simpatizantes, sobre todo algunos que ocupan cargos en la administración pública mexicana, decidieron pronunciarse contra la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Singularmente, lo hicieron sin siquiera mencionar al junior.

Esto ocurre en un contexto delicado. Durante las últimas semanas, autoridades estadounidenses, entre ellas el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y agencias como la DEA y el FBI, han reiterado públicamente que no se detendrán cuando se trate de combatir al crimen organizado y a quienes faciliten las operaciones de los cárteles de la droga, algunos de ellos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). A ello se suman las especialmente delicadas declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en Panamá esta semana, respecto de la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra narcotraficantes y sus facilitadores en América Latina.

En México y Estados Unidos investigaciones penales han documentado testimonios y, ahora, líneas de investigación relacionadas con la participación de grupos criminales en el llamado huachicol fiscal, apuntan a Andrés López Beltrán y a servidores públicos provenientes de Morena y de la cúpula política del sexenio pasado.

El punto central de esta historia no es la visa. Lo preocupante es observar........

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