En diversos espacios me preguntan si México es un país por antonomasia corrupto, si tenemos un gen malvado de la corrupción o si el problema nos deviene de la Colonia. En realidad, ninguna de estas premisas es cierta: las y los mexicanos somos tan íntegros como los finlandeses o daneses, y tan corruptos como ellos. No es una cuestión de geografía ni de herencia colonial.

Tampoco podemos esconder el problema estructural y profundo en el que se ha convertido la corrupción en el territorio mexicano, ni cómo sus tentáculos han traspasado fronteras, haciendo que el producto de delitos y faltas administrativas haya encumbrado monetariamente a familias enteras y levantado emporios ilegales alrededor de la impunidad.

No es casualidad que durante este 2025 hayamos asistido a uno de los casos más graves de lo que considero crimen organizado y corrupción. El huachicol fiscal dio cuenta de que incluso las fuerzas castrenses son susceptibles de generar pactos y “negocios” que favorecen a particulares por encima del bien común. Así, en septiembre de 2025 se arrestó a miembros de la Marina, incluido un vicealmirante, relacionados con una red de evasión fiscal en combustible que involucraba a altos mandos militares y funcionarios. Lo aparatoso del caso levantó ámpula en el más alto nivel político en México y en varios países socios comerciales. Sin embargo, lo relevante no se ha tocado: todo el dinero —que asciende a más de 600 mil millones de pesos solo en el último año— tiene un paradero desconocido, y tampoco se sabe quiénes son los personajes que operaban una red de corrupción de tal magnitud en México.

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