En México, cada vez que ocurre un hecho atroz se activa el mismo reflejo: pedir más castigo. Como si la violencia se resolviera endureciendo penas. Como si el dolor social pudiera atenderse con discursos punitivos. Como si castigar más fuera sinónimo de justicia.

Tras el feminicidio de dos maestras en Michoacán, no tardaron en aparecer voces políticas proponiendo lo de siempre: pena de muerte, juzgar a adolescentes como adultos, ampliar sanciones. El diputado Carlos Bautista Tafolla incluso lo dijo sin rodeos: que el caso amerita la pena de muerte. Otros legisladores han planteado endurecer el sistema de justicia para adolescentes, e incluso abrir la puerta a que menores sean tratados como adultos frente a la ley.

Hay que decirlo con claridad: estas propuestas no solo son inviables, son inconstitucionales y contrarias a los compromisos internacionales del Estado mexicano. No son soluciones. Son atajos discursivos.

La pena de muerte no existe en México. No es una omisión, es una decisión........

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