En una misma semana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación morenizada, afloraron las dos visiones encontradas que dividen al máximo tribunal constitucional del país. El conflicto y debate interno que vive la nueva Corte, entre el ala radical de ministros encabezada por la ministra Lenia Batres, que insiste en reabrir casos juzgados e impulsa proyectos politizados e ideológicos, y el ala moderada, que defiende la certeza jurídica que da el concepto de la “cosa juzgada” e intenta mandar mensajes de certidumbre a ciudadanos e inversionistas, confirman que hay razones para la preocupación y alarma por la incertidumbre jurídica que hoy permea en el país.

Y es que el pasado jueves la mayoría de ministros desecharon la propuesta de la ministra Lenia Batres para que la Corte reabriera el juicio que grupo Femsa le ganó al SAT en 2025 por 2,800 millones de pesos. El fallo a favor del grupo empresarial regiomontano fue confirmado por el ministro Giovani Gutiérrez en su proyecto en el que rechazaba reabrir dicha resolución judicial, impugnada por el SAT, bajo el amparo de la reforma a las leyes fiscales del pasado 9 de junio que habilitó la procedencia de revisiones a resoluciones de fondo. El ministro Gutiérrez sostuvo que no se podía aplicar una ley de manera retroactiva y que el caso Femsa era “cosa juzgada” y reabrirlo vulneraría el principio de seguridad jurídica.

“Enviaríamos un mensaje poco alentador para los contribuyentes y, en general, para las personas afectadas por actos administrativos ilícitos. Que, aun y cuando hayan ganado un juicio de nulidad y conseguido una sentencia favorable, las puertas de los tribunales federales estarán abiertas para que las autoridades puedan insistir en la defensa de los actos anulados”, dijo el ministro ponente, que rechazó los argumentos de la ministra Batres para pedir a finales del 2025 que se reabriera dicho juicio y se revisara la sentencia contra el SAT.

A los argumentos del ponente para darle “carpetazo” al tema de Femsa, se sumó la ministra Yasmín Esquivel, quien también rechazó aplicar la reciente reforma fiscal de este año porque afectaría derechos adquiridos por la empresa y tendría efectos retroactivos. “Estamos obligados, como tribunal constitucional, a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federación”, dijo Esquivel Mossa, quien después en redes sociales insistió en que el país debe ofrecer seguridad jurídica a quienes invierten en el país.

“Esa confianza se construye cuando las autoridades actúan conforme a la ley y las resoluciones de los tribunales se respetan”, dijo la ministra al explicar su voto. “Estoy convencida que cuando una persona o empresa obtiene sentencia favorable después de un largo litigio, no debe verse obligada a seguir defendiendo una decisión judicial que ya reconoció las irregularidades cometidas por la autoridad. Respetar las sentencias firmes fortalece el Estado de Derecho y brinda la certeza jurídica que nuestro país necesita”.

Y es que aún, cuando la mayoría de los ministros votó por desechar el intento de reabrir el mencionado juicio contra la empresa refresquera nacional, dejando firme la sentencia a su favor, hubo cinco ministros del bloque radical que encabeza Lenia Batres que emitieron “votos concurrentes” por diferir de los argumentos del ministro ponente sobre la........

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