La declaración del secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respecto a desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional ubicada en La Haya, Holanda, para juzgar a militares y ciudadanos norteamericanos que hayan cometido delitos contra un país extranjero o sus ciudadanos, es muy grave, pues rompe con el orden internacional.

Incluso ha manifestado un plan de su país para iniciar una escalada en contra de dicha corte, -para aniquilarla-, lo cual significa un gravísimo retroceso universal contra el Estado de Derecho.

El que un país que durante el siglo XX representó ser un bastión de la legalidad y ha pretendido convertirse en el “policía del mundo” se niegue a respetar la autoridad de la Corte Penal Internacional si ésta quisiera juzgar a norteamericanos, representa una crisis jurídica para el mundo, pues no puede haber excepciones. Equivale a “mirar la paja en el ojo ajeno…”, cuando sabemos que la autoridad moral de una persona, -o de un país-, se mide poniendo el ejemplo, respetando la ley.

El Estatuto de Roma es el tratado internacional que sustenta la autoridad de la Corte Penal Internacional y fue firmado el 17 de julio de 1998, en Roma, por 120 países, -entre ellos México-, y entró en vigor el primero de julio del 2002.

El presidente Bill Clinton firmó el tratado el 31de diciembre del año 2000. Sin embargo, el presidente George W. Bush desconoció la firma en mayo del 2002 y avisó a la ONU que no lo ratificaría. A su vez Rusia, China, Israel y la india, -entre otras naciones principalmente de Africa-, tampoco lo firmaron.

Esta decisión norteamericana de no reconocer la autoridad de la Corte Internacional se dió precisamente en el contexto de las guerras libradas contra Afganistán e Irak por el presidente Bush como respuesta al atentado terrorista islámico contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.

Seguramente hoy el gobierno norteamericano, teniendo como portavoz al responsable de la política internacional,........

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