El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha preparado un informe donde define que en México este delito ha alcanzado tal magnitud que puede considerarse un crimen de lesa humanidad y pretende llevar esta denuncia ante la Asamblea General de este organismo.

Sin embargo, nuestro gobierno no acepta este estudio y se victimiza considerándolo “tendencioso, sesgado y carente de rigor”.

Evidentemente este gobierno culpa de este problema a la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y no acepta que el problema no sólo se ha recrudecido durante estos últimos años, sino que ha habido una política intolerable de minimización del problema y una ofensiva actitud de indiferencia.

Este régimen se ha caracterizado por voltear hacia otro lado frente a los problemas que debiese resolver. Su prioridad es retener el poder y lograr tener el mayor control posible.

Al activar la ONU el Artículo 34, más que sancionar al país, la ONU ofrece a México apoyo para solucionar este problema. Sin embargo, esto lleva implícito el reconocimiento de que este problema ha rebasado la capacidad del Estado Mexicano, lo cual ofende a nuestro gobierno.

No podemos olvidar el conflicto generado cuando Karla Quintana, -en esa época........

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