Más de 130 mil desaparecidos entre 2006 y 2026 contabilizados oficialmente por el gobierno no dejan lugar a dudas sobre la crítica situación de inseguridad que atravesamos y revelan sin tapujos la incapacidad forense y operativa del aparato de procuración de justicia que, por el hecho de que no tener ni un solo dato de unos cuarenta mil para localizarlos y/o identificarlos, sugiere -irrespetuosamente y sin empatía alguna con los adoloridos familiares de las víctimas- concentrar esfuerzos en los que han dado algunas señales de vida después de la fecha de su desaparición.

Los datos estadísticos de ese segmento de veinte años son del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) creado en julio del año pasado y reunido 394 mil 645 casos históricos desde 1952 hasta la fecha, de los que 262 mil ya fueron encontrados, 241 mil 142 de ellos muertos.

Es en el período 2006-2012 donde se encuentra el mayor número de desapariciones, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, pero las desapariciones mantuvieron una tendencia alta y constantes en los gobiernos de Peña Nieto y AMLO.

Lo cierto es que estamos frente a una crisis de tal envergadura que el país ha quedado bajo el escrutinio internacional tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en cuyo más reciente informe se asegura que hay indicios de que las desapariciones son sistemáticas y, por lo tanto, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La gravedad de las desapariciones forzadas y el hecho de que no se haya encontrado la manera de resolverlas y desactivar su escalada son incuestionables, pero de ahí a que sea un delito de lesa humanidad parece un exceso declarativo.

Acaso sea un tema de interpretación conceptual, pero hasta donde se sabe los crímenes contra la humanidad los cometen el Estado, los ejércitos, los aparatos policiacos, situación ésta en la que, hasta donde se sabe, no han incurrido ni éste ni el anterior gobierno y, solo en algunos casos, el que lo precedió del PRI con Peña Nieto (Ayotzinapa) y antes el del PAN de Calderón con los mentados “daños colaterales” de su guerra contra los cárteles de la droga.

Claro que no faltarán quienes digan que la omisión, protección o consentimiento del Estado con la consecuente impunidad, lo hace cómplice y, por lo tanto, responsable de un delito de lesa humanidad.

El caso es que Sheinbaum acusó recibo del informe de Naciones Unidas como un ataque a su gobierno creado para apuntalar una nueva campaña de desprestigio, sin detenerse en pensar que era posible hacer con firmeza los matices correspondientes, entender que no se trata de un recurso punitivo y aceptar la cooperación ofrecida de recursos técnicos y hasta financieros, para enfrentar un problema realmente agobiante.

Por eso el rechazo del gobierno mexicano al informe y ofrecimiento de ayuda de la ONU no fue pertinente ni la respuesta de la 4T fue la mejor, ya que sugirió afanes de ocultamiento de........

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