Cuando estalló el escándalo de la “casa blanca” –la que Angélica Rivera había comprado a un contratista favorito del gobierno–, el presidente Peña Nieto rescató a la Secretaría de la Función Pública y ordenó a su flamante titular que emprendiera una investigación para “deslindar responsabilidades”, bajo la vigilancia de un comité de expertos que habría de “garantizar la más absoluta transparencia”. Todo el mundo anticipó el desenlace: la investigación serviría para decir que nadie actuó fuera de las normas, a pesar de la “apariencia” de ilegalidad de esa compraventa.

Hoy anticipamos el mismo desenlace con la investigación abierta en contra de Rubén Rocha Moya. Las armas jurídicas de México se cubrirán de gloria ante la ofensiva de los invasores extranjeros, para rescatar la honra del hoy licenciado gobernador de Sinaloa y de sus allegados. La FGR no abrió carpetas de investigación sobre esos casos sino hasta que estalló el........

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