En México, ser organización de la sociedad civil (OSC) con autorización como donataria se ha vuelto una carrera de obstáculos. Implica cumplir con requisitos cada vez más complejos, responder a múltiples controles fiscales y sobrevivir bajo la amenaza constante de perder el registro por cualquier incumplimiento administrativo. Sin embargo, cuando se trata del poder, las reglas parecen doblarse.

El reciente caso de la asociación promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar fondos con destino a Cuba no solo abre dudas sobre su legalidad; exhibe la desigualdad en el trato que el Estado da a la sociedad civil frente a los proyectos políticos.

Hoy en México existen poco más de 10 mil donatarias autorizadas. Es un universo que viene disminuyendo; en los últimos años, miles de organizaciones han perdido su autorización por revocación, cancelación o pérdida de vigencia. Tan solo entre 2020 y 2025 se registraron casi 5 mil salidas de este régimen. Detrás de........

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