Una mujer entra a una oficina pública con una carpeta desgastada entre las manos. Busca a un hijo desaparecido. Otra intenta entender por qué el hombre que la golpeó sigue libre. Un padre recorre juzgados porque no puede pagar un abogado para defender a su hija. Todos llegan con la misma esperanza: que el Estado haga aquello para lo que existe. Escuchar, proteger y hacer justicia. Con demasiada frecuencia salen con la sensación de haber tocado una puerta vacía.

No siempre fue distinto. Sería deshonesto decir que los gobiernos del PRI y del PAN construyeron un sistema ejemplar para las víctimas. Nunca lo hicieron. Durante décadas, las familias aprendieron que denunciar significaba enfrentar ministerios públicos saturados, investigaciones deficientes y una burocracia incapaz de responder con la urgencia que exige el dolor. Pero si aquello era insuficiente, lo que estamos viendo hoy resulta todavía más preocupante: instituciones debilitadas precisamente cuando el país vive la mayor crisis de violencia de su historia reciente.

Miles de familias buscan a sus seres queridos con recursos propios, organizan brigadas, excavan fosas y realizan el trabajo que constitucionalmente correspondería al Estado. México acumula oficialmente más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. A ello se suman cientos de miles de víctimas de homicidio, extorsión,........

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