En una democracia, las reglas del juego político (las que definen cómo se accede al poder, cómo se ejerce, cómo se renueva y cómo se transfiere) deberían ser el resultado de un acuerdo integral e incluyente mediante el que se define una condición básica de la convivencia colectiva, no de una imposición unilateral por parte de una parte de la sociedad sobre las demás. Eso es así, porque se trata de las reglas fundacionales de la vida social.

Se trata de uno de los elementos distintivos de las democracias frente a las autocracias. En las primeras, las reglas son convenidas, es decir acordadas por todos los actores políticos y, en consecuencia, acatadas porque expresan ese consenso esencial y primordial. En las segundas, las reglas se imponen por parte de quien tiene la capacidad de hacerlo sobre los demás quienes están obligados a obedecerlas, asumirlas y ajustarse a ellas por las buenas, o por las malas —como casi siempre ocurre—.

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