Hay momentos en los que el derecho constitucional parece escrito para una época que ya no existe. Momentos en los que una pregunta, aparentemente coyuntural, como el caso del gobernador de Sinaloa, revela una tensión mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando una imputación nace fuera del territorio, pero apunta a una autoridad que, dentro del orden jurídico mexicano, está protegida por la Constitución?

No es una pregunta sobre culpables o inocentes. Es, en realidad, una pregunta de estructuras.

Durante mucho tiempo, el constitucionalismo mexicano se construyó bajo una lógica muy clara: el principal riesgo para el ejercicio del poder público no venía del exterior, sino del propio Estado. De ahí que figuras como el fuero constitucional no se diseñaran como privilegios personales, sino como garantías. Su propósito era evitar que el poder —particularmente el Ejecutivo— pudiera neutralizar adversarios políticos mediante acusaciones penales. No era un blindaje para la persona, sino una protección para la función.

Esa lógica tiene raíces profundas. Desde el constitucionalismo gaditano —con la Constitución de Cádiz— hasta su recepción en la Constitución........

© El Universal