Esta semana, los ecos de la “justicia” estadounidense volvieron a incomodar y, sobre todo, a exhibir la frágil idea de soberanía jurisdiccional mexicana. Trascendió que una fiscalía federal de Nueva York solicitó al gobierno mexicano la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros servidores públicos de la entidad, por presuntos vínculos de corrupción con el Cártel de Sinaloa.

Las reacciones en México no tardaron: polarización, discursos nacionalistas y evasivas. Pero lo verdaderamente revelador fue la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina sostuvo que no puede haber detención sin pruebas, apelando a un estándar garantista que, en el papel, suena impecable. El problema es que ese estándar no opera en México para la mayoría de las personas.

Porque mientras se invoca la presunción de inocencia en el plano discursivo, en la práctica subsiste una de las figuras más regresivas del sistema penal: la prisión preventiva oficiosa.

Se trata de una medida cautelar automática, prevista en el artículo 19 constitucional, que permite encarcelar a una persona sin debate........

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