Lo que está sucediendo en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) es gravísimo. Según ha denunciado la magistrada en retiro María Emilia Molina de la Puente, actual presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, al menos 40 personas juzgadoras están sujetas a procedimientos de responsabilidad ante ese tribunal. Algunas de ellas, incluso, ya han sido suspendidas.

El problema, por supuesto, no es que en México, o en cualquier democracia, un juez pueda ser investigado, suspendido o sancionado. El problema es que estas investigaciones, estas suspensiones y estas posibles sanciones podrían sentar un precedente funesto para nuestra democracia. Veamos.

La asociación sostiene que los procedimientos iniciados y las suspensiones dictadas por el TDJ no guardan relación con actos de corrupción ni con la posible comisión de ilícitos. Si así fuera, no habría nada que objetar. La independencia judicial no puede ni debe ser jamás una coartada para la impunidad jurisdiccional.

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