México inició el 9 de enero el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles. La intención es más que legítima: reducir delitos como la extorsión que se apoyan en la facilidad con la que durante años se activaron chips sin identificar. El problema, como suele ocurrir, no está en el objetivo, sino en la implementación.

El arranque del registro ha evidenciado lineamientos poco claros, tiempos extremadamente ajustados y una presión operativa difícil de sostener. Registrar casi un millón de líneas diarias para cumplir con los plazos es poco realista al ritmo actual. A ello se suma que no es del todo evidente qué validaciones deben hacer los operadores y cómo, ni qué ocurre cuando hay inconsistencias. Esa indefinición genera incertidumbre técnica, jurídica y operativa.

También hay un debate de fondo que no debe ignorarse. La efectividad del registro para combatir la extorsión no está probada. La evidencia........

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