La noche del 24 de enero de 2025, mientras la mayor parte de Washington dormía, Donald Trump firmó el despido de dieciséis funcionarios cuyo único pecado había sido ser independientes. No eran opositores. No habían filtrado documentos ni conspirado contra nadie. Eran auditores —personas contratadas para contar, verificar, informar. Gente, en otras palabras, que no le debía nada a nadie excepto a los hechos.

Ese gesto casi burocático, ignorado durante horas por los medios, contenía una lógica que este artículo intenta nombrar con precisión: no la del tirano que destruye las instituciones, sino la del propietario que las absorbe.

No se trata de la autocracia tradicional, y mucho menos del fascismo. Max Weber, uno de los tres padres de la sociología moderna, distinguió tres formas de dominación legítima: la legal-racional, la carismática y la tradicional, propia de los Estados feudales o de las monarquías absolutas.

Ver ‘Los Miserables’ en 1913

Dentro de esta última ubicó la dominación patrimonial, un sistema en el que no existe una frontera clara entre lo público y lo privado, entre el cargo y quien lo ocupa. El poder no se organiza como institución, sino como corte. Mandan las lealtades personales.

Décadas más tarde, S. N. Eisenstadt y otros sociólogos desarrollaron el concepto de neopatrimonialismo. Este término describe con precisión muchos sistemas políticos contemporáneos: un orden híbrido en el que las formas democráticas —elecciones, Constitución, parlamento, tribunales independientes— coexisten con una lógica de poder profundamente personalista, clientelar y transaccional.

El Estado como propiedad personal: The Art of the Deal

En un sistema patrimonial, escribe Jonathan Rauch, senior fellow de la Brookings Institution, el gobernante trata el Estado “como una empresa familiar”.

La señal diagnóstica más clara no es la corrupción en sí misma, sino la desaparición del concepto mismo de conflicto de intereses.

Cuando Elon Musk —el mayor contratista privado del gobierno federal a través de SpaceX— dirigía simultáneamente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), recibió la dimisión de varios inspectores generales que investigaban a sus empresas.

Entre los despedidos figuraban los inspectores del Departamento de Guerra —que había iniciado una revisión sobre SpaceX— y del Departamento de Agricultura —que investigaba Neuralink, otra empresa de Musk—.

Un tribunal federal declaró los despidos ilegales. En septiembre de 2025, Trump los volvió a despedir.

La revista Forbes estimó que Trump comenzó su segundo mandato con un patrimonio de 2.300 millones de dólares. En julio de 2025 lo valoraba ya en 7.100 millones y describió su administración como “la presidencia más lucrativa de la historia estadounidense”.

Algunos ejemplos........

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