En agosto de 2022 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) concluyó que la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Lambetina Galeana Marín, había ordenado destruir los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia de Chilpancingo la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando alrededor de 20 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron detenidos frente a ese sitio por elementos policiacos, y desaparecidos horas más tarde.

Casi tres años más tarde, en mayo de 2025, Lambertina, de 79 años de edad, fue detenida bajo cargos de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

En 2014 la presidenta del Tribunal había alegado que los videos no existían, que las imágenes captadas por las cámaras eran inservibles pues no estaban claras, por lo que ella misma las mandó eliminar. La destrucción de ese material era del todo irregular: no le correspondía a ella calificar aquellas pruebas, sino al ministerio público federal.

Dos técnicos de sistemas, Luis Europa Solís y Javier Uribe, declararon ante la entonces PGR que habían intentado guardar los videos de las cámaras 12 y 15 en una USB, pero que los archivos estaban dañados.

A raíz de la detención de la magistrada en retiro, su defensa sostuvo que no existía documento alguno que acreditara que ella hubiese conocido la existencia de los videos. El día de su detención, Lambertina fue víctima de una crisis nerviosa. De hecho, fue preciso que se llamara a los........

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