Una democracia no se rompe únicamente cuando se alteran los resultados de unas elecciones. Empieza a resquebrajarse cuando el poder usa su peso para inclinar la contienda o cuando mina la confianza en las instituciones (electorales y las demás), sin más fundamento que el de sembrar, con oportunismo, esas dudas. Eso es lo que hoy inquieta en Colombia. No que pueda ganar el candidato del Gobierno, sino que el Gobierno parezca decidido a ayudarlo desde el poder.

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Si el heredero político del petrismo se impone por sus ideas, por su carisma o por la conexión que logre con la gente, por supuesto que este hecho político debe reconocerse en democracia. El problema es otro: que el presidente Gustavo Petro parece haber resuelto jugar con todas las formas de lucha, incluidas las indebidas y las más bajas, para no soltar el poder. Y cuando el árbitro se pone la camiseta de un equipo, la cancha deja de ser cancha.

Ahí está, para empezar, la embestida contra el Banco de la República. Desde la Casa de Nariño se ha alimentado un discurso peligroso que presenta al Emisor como un obstáculo; como una institución al servicio de banqueros y no del país. No es un debate técnico –que siempre es legítimo– sino una narrativa política: convertir una entidad autónoma en antagonista sirve para movilizar emociones y para reactivar la vieja lucha de clases. Se erosiona la confianza en una institución clave para la estabilidad económica, pero se gana rédito político y se hace calculada y conscientemente.

A eso se suma el uso del gasto social en clave electoral. Nadie discute la necesidad de ciertos subsidios. Lo que sí genera preguntas es el momento, el tono y la insistencia. Y agréguenle: ¿qué van a hacer con el impuesto a las empresas y universidades? ¡Dudo mucho que atender las necesidades del departamento de Córdoba!

Que gane quien tenga que ganar. Pero que gane bien. Sin trampas. Sin atajos.

Pero hay un episodio reciente que cruza un umbral aún más delicado. El propio Presidente insinuó tener conocimiento de conversaciones entre Abelardo de la Espriella y la firma Thomas Greg & Sons. Lo hizo sin pruebas públicas, sin precisión, pero con el suficiente peso para sembrar dudas. Y aquí la pregunta es inevitable: ¿desde dónde habla el Presidente? ¿Desde rumores? ¿Desde interceptaciones ilegales? ¿Desde información reservada? Es gravísimo. Un jefe de Estado no puede sugerir que dispone de información sensible sobre un candidato y usarla en medio de la contienda. Eso no es debate político. Eso es presión desde el poder.

Y, por supuesto, están los trinos. Los constantes trinos. Los señalamientos directos, las descalificaciones, las intervenciones con nombre propio. No, no son simples opiniones. Cada mensaje suyo tiene un peso institucional que incide en la opinión pública, en el clima electoral y en la legitimidad de los contendores. Decir que eso no es participación en política es desconocer la realidad o intentar maquillarla.

Si uno junta todas esas piezas –el discurso contra el Banco, el uso intensivo del gasto social, las insinuaciones sobre candidatos, las gabelas a criminales con incidencia en ciertas zonas del país y la actividad permanente en redes–, lo que aparece no son hechos aislados. Es un patrón. Una manera de jugar el partido, y cuando el Gobierno deja de ser árbitro y decide convertirse en jugador, la democracia pierde equilibrio. La competencia deja de ser justa. La cancha se desbalancea.

En ese escenario ya no compiten solo candidatos. Compite el aparato del Estado contra quienes no lo tienen, y esa es una pelea desigual por definición.

Que gane quien tenga que ganar. Pero que gane bien. Sin trampas. Sin atajos. Porque si normalizamos que el Gobierno intervenga así en la contienda, mañana no habrá elección que alcance para corregirlo. Y lo que estará en juego no será un resultado, sino la credibilidad de la democracia misma.

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