Hace casi exactamente diez años se le hizo una pregunta a los colombianos, que solo tenía una respuesta correcta: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Resultó que poco más del cincuenta por ciento de quienes votaron respondió mal: dijo “no”.

Una mayoría de quienes ejercieron el derecho que Santos había invocado como sello de legitimidad de todo el proceso rechazó los acuerdos. Eso es la soberanía popular en acción.

Santos se había comprometido a respetar el resultado. En cambio, tras algunas revisiones mínimas y concesiones cosméticas, los acuerdos los impuso en el Congreso, que, como establece la Constitución, representa al pueblo (y es más maleable). Así, fueron aprobados “unánimemente” –por quienes estaban presentes en la sesión–, luego de que los partidos que habían hecho campaña por el “no” boicotearon la votación. La voz del pueblo fue desconocida con elegancia, con legalidad y con constitucionalidad.

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