En una arriesgada operación, de esas que marcan pequeños pero significativos triunfos frente a las muchas tragedias de la guerra, cinco menores de edad y una adolescente de una misma familia fueron rescatados por la Fuerza Pública en plena manigua en Cartagena del Chairá.

Como en una película de terror, los menores llevaban tres días largos escondidos, lejos de su casa, para evitar una tragedia segura a manos de los disidentes de alias Calarcá que los buscaban para saldar cuentas por la deserción de varios de sus allegados, quienes ya en manos de la Fuerza Pública enviaron mensajes a sus hijos para que huyeran hacia la selva y solo salieran con la llegada de las tropas, esquivando así represalias que en esas zonas del país donde el Estado no manda se saldan con el reclutamiento forzado o con la vida misma.

Por suerte, la temible banda armada de ‘Calarcá’ perdió esta vez a sus perseguidos, pero esa es una historia poco frecuente. El reclutamiento forzado en el país continúa. Este año las autoridades han reportado al menos 15 casos en todo el país, cuentas que reflejan apenas una fracción de esa dolorosa realidad. Una realidad que no para de crecer, mientras los grupos aumentan su poderío e influencia criminal, algunos de ellos aún bajo la mampara de la ‘paz total’.

La Fiscalía debe tomar decisiones frente a las muchas pruebas de la burla de ‘Calarcá’ a los compromisos de una negociación de paz.

El año pasado, según la Defensoría del Pueblo, hubo al menos 339 niñas, niños y adolescentes reclutados, especialmente en las zonas de alta incidencia de las disidencias de ‘Mordisco’ y del ya mencionado ‘Calarcá’. El Cauca, el departamento más golpeado por la guerra desde el surgimiento de las disidencias, es el que ha puesto más víctimas: son al menos 157 casos, la mayoría de ellos de niñas y niños indígenas.

Y ya se sabe la tragedia. El destino de esos menores de edad, hoy como en tiempos de las desmovilizadas Farc y de las Auc, es servir como carne de cañón, cuando no terminar convertidos en víctimas de trabajos forzados y de abuso sexual. Tras cuatro años de la ‘paz total’, con múltiples mesas, sigue siendo un baldón para el país que ni la vía de las supuestas negociaciones de paz ni la del reforzamiento de la presencia del Estado en el territorio hayan servido para conjurar la amenaza que se cierne sobre las hijas y los hijos de los que son sin duda los colombianos más pobres y olvidados.

Corresponde al actual gobierno redoblar esfuerzos para evitar que se siga repitiendo el drama de los niños en la guerra. Y es imperativo que en la campaña presidencial este tema sea abocado por quienes aspiran a llegar a la primera magistratura.

Pero se requiere también que las numerosas órdenes de captura contra los criminales que recurren al reclutamiento forzado se ejecuten. En ese sentido, el país sigue esperando que la Fiscalía, como lo anunció en noviembre la fiscal Adriana Camargo en estas páginas, empiece a tomar decisiones frente a las muchas pruebas de la burla del criminal ‘Calarcá’ a los compromisos básicos de una negociación de paz, empezando por la obligación de dejar de reclutar menores de edad. No se puede seguir en esta penosa mofa.

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