Esta semana comenzaron las obras del primer tramo del corredor de la carrera 7.ª de Bogotá. Obra que reviste importancia por tratarse de una vía clave para la movilidad de los bogotanos, por el impacto que para algunos generará en términos ambientales y por el manejo que se le está dando desde distintos frentes. Se trata, sin embargo, del primer proyecto que ve la luz tras 25 años de intentos por conseguir la transformación de la 7.ª.

La obra, concebida en la administración de Claudia López, contempla tres fases: de la calle 24 a la 76, de la 76 a la 99 y, la tercera, entre la 99 y la 200. Esta última quedó contratada en el 2023, y su ejecución es obligatoria, mientras que las dos primeras fueron aplazadas por el actual alcalde.

El corredor incluye dos carriles por costado para tráfico mixto, uno para buses eléctricos, 11 km de ciclorruta, cicloparqueadero, plazoletas, arborización y pasar de 200.000 metros de espacio público a 400.000, según el IDU. Es la materialización de un proyecto que, se sabía, no dejaría contentos a todos. Un cuarto de siglo ha pasado desde que se hicieron los primeros estudios para tranvía, metro, buses articulados, corredor verde y demás. Pero la inviabilidad técnica de algunos, las presiones políticas de otros, las críticas de ambientalistas y vecinos inconformes habían impedido consolidar el proceso.

En esta ocasión, uno de los reparos centrales es el tema de los árboles. La 7.ª se ha caracterizado por la presencia de especies nativas que le dan identidad y se han convertido en pulmón para una vía por la que transitan toda suerte de vehículos. El IDU reconoce que 600 árboles serán trasladados, 400 se mantendrán en su sitio y 1.500 se reemplazarán por 4.000 nativos para mayor captura de CO2. Pero los ambientalistas ya hablan de crimen ecológico. La misma historia que se contó cuando la troncal 68 o el parque Japón.

Hay que insistir en que acometer semejante trabajo debe tener como prioridad el concurso de quienes se ven afectados

El otro foco de discusión, al cual se han referido asociaciones de vecinos y del comercio, tiene que ver con que lo que se proyecta sobre la 7.ª es un corredor de TransMilenio, lo que implica demoler predios, intervenir redes sin estudios previos, las demoras de la obra y el tamaño de algunas estaciones, amén de que tampoco se conoce un plan para el manejo del tráfico.

Obras de esta envergadura generan preocupaciones válidas como estas, de las cuales las distintas dependencias del Distrito deben tomar nota. El IDU asegura que el proyecto está blindado, cuenta con permisos ambientales, tiene estudios fase tres que permitieron la contratación y las especificaciones técnicas y geométricas para sacar adelante el corredor. Y agrega que se mantendrán las conexiones para no interrumpir el flujo vehicular y en algunos casos no se quitarán cerramientos.

Que todo lo anterior sea cierto, lo dirá el avance de los trabajos. Pero hay que insistir en que semejante intervención debe priorizar a quienes se sienten mayormente afectados. Informar, escuchar y atender debe ser la consigna; hay que evitar que la incomodidad, propia en estos casos, sea la constante, y cumplir con los tiempos de entrega. No hay que dejar que la cuestión se politice en época electoral, como ya lo hacen algunos, y confiar, pues aunque los beneficios hoy no se ven, se verán en el futuro.

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