Si hay una lección aprendida entre las autoridades que combaten a las grandes mafias en el mundo es que nada les duele más a estas que cuando las golpean en sus bolsillos.

Es un aprendizaje que en plena batalla contra los grandes carteles del narcotráfico el país plasmó en la Ley 333 de 1996, que reglamentó la extinción de dominio en Colombia. Con grandes presiones y no pocas amenazas, el gobierno y el Congreso de la época, cuestionados por el proceso 8.000, sacaron adelante una innovadora y valiosa herramienta jurídica que desligó la persecución de las platas ilegales de la acción penal contra sus dueños encubiertos, invirtiendo la carga de la prueba sobre el origen de los bienes y permitiendo que el Estado se hiciera con el manejo de billonarias sumas.

El contexto histórico es clave para entender la magnitud de las alarmas que se encienden con la caída de cifras de extinción de dominio reportadas por la misma Fiscalía de Luz Adriana Camargo. En respuesta a un requerimiento de este diario, la entidad informó que en los dos últimos años han sido ocupados bienes de origen supuestamente ilícito por valor de 2,6 billones de pesos. No es, para nada, una cifra que pueda desconocerse, pero resulta ser menos de la quinta parte de los valores que, en un lapso similar, reportó la pasada administración.

Ojalá que la reforma legal anunciada por la Fiscalía sirva para apretar las tuercas y lograr que esta herramienta cumpla su cometido.

En la Fiscalía de Francisco Barbosa entraron en procesos de extinción bienes por más de 30 billones de pesos, y aunque desde el despacho de la Fiscal General se ha tratado de explicar que hay un cambio de procedimientos que busca tener procesos más sólidos –y, al final, más efectividad para el Estado–, lo cierto es que el desplome de las cifras es preocupante. Mucho más en un momento en el que las finanzas criminales parecen más boyantes que nunca por la producción disparada de cocaína y las ganancias que logran los grandes grupos criminales por la explotación ilícita del oro, cuyas rentas no declaradas pueden estar rondando los 8.400 millones de dólares, según un informe de las Fuerzas Militares.

Sin duda, mucho hay por hacer aún para lograr que el porcentaje de casos que finalmente gana el Estado sea mayor, y eso se consigue con cambios como los introducidos por la actual administración de la Fiscalía. Derrotas como las ocurridas en primera instancia en los casos de Álex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro, o el del ‘Neñe’ Hernández, a más de las demandas como la que hoy tiene en alerta a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que demuestran es la necesidad de blindar legalmente los procesos y de garantizar que haya decisiones prontas que impidan que la lentitud de la justicia termine jugando en favor de oscuros intereses, que no son los de la sociedad.

También faltan más esfuerzos para tapar los huecos por los que la corrupción sigue colándose en el manejo de los bienes incautados, como pasó con la malhadada Dirección Nacional de Estupefacientes. Pero lo que no puede pasar es que los esfuerzos por lograr procesos más sólidos afecten la detección y ocupación de bienes ilícitos. Ojalá que la reforma legal anunciada por la Fiscalía sirva para apretar las tuercas y lograr que la extinción de dominio cumpla su cometido de quitarles a los criminales la plata, tantas veces manchada de sangre, que no solo destinan a la ostentación sino a aceitar su aparato de violencia y corrupción.

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