Arturo Abella, periodista, cronista e historiador conservador, escribió el libro titulado Don Dinero en la Independencia. De ahí tomo el nombre para esta columna. Me pregunto: ¿en qué momento de nuestro devenir político el dinero comenzó a ser factor determinante en las elecciones?

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En política siempre se ha necesitado plata para lo que suele llamarse la logística: transporte para movilizar electores; afiches; propaganda; publicidad, que en el pasado se limitaba a las famosas ‘cuñas radiales’; camisetas, cachuchas y uno que otro pago a los “pregoneros electorales”. Hoy la lista es mucho más larga e incluye “asesores políticos” que suelen representar buena parte de los gastos. Basta recordar los asesores pagados por Odebrecht o los que se mencionan ahora para precandidatos por varios millones de dólares.

Pero también aparecen en esa lista jefes de prensa, casi desplazados por los influencers, asesores de imagen, de vestuario, fotógrafos y hasta maquilladoras. Y con la extraña figura de las ‘firmas’ hay que meter a los recolectores de estas que por poco dinero andan por calles y supermercados ‘cazando’ posibles firmantes, pero sobre todo las empresas, esas sí con millonarios costos, que se encargan de conseguir los “paquetes de firmas” así resulten ‘chimbas’, como lo determinó la Registraduría, en porcentajes superiores al 30 %, incluso de candidatos con relativo peso electoral.

Contrariamente a lo que podría pensarse, esos chorros de dineros, con poquísimas excepciones, hoy no se usan para comprar físicamente los votos el día de las elecciones sino para prepararlas durante todo el proceso, comprometiendo electores con métodos non sanctos, pasando por el uso indebido de dineros públicos y de la contratación estatal para comprar conciencias.

¿En qué momento comenzó ese ‘desmadre’? Siempre hubo empresarios que hacían aportes a las campañas, pero casi invariablemente lo hacían por inspiración partidista. Pero luego surgieron aportantes con otras motivaciones. El narcotráfico fue el primer factor de distorsión. Los mafiosos comenzaron a usar su dinero para comprar apoyos políticos. El llamado proceso 8.000 no se dio solamente por el dinero del cartel de Cali para la elección presidencial en 1994 –según decisión judicial, sin el consentimiento del candidato Ernesto Samper–, sino para la financiación de muchas campañas al Congreso de liberales y conservadores, incluidos algunos que se desempeñaron como procuradores generales, contralores, alcaldes o gobernadores, por lo cual terminaron condenados. El cartel de Medellín tuvo también sus propios congresistas, incluido el capo Pablo Escobar, que llegó a la Cámara de Representantes.

Esa desnaturalización de la democracia solo desaparecerá en un futuro, ojalá no muy lejano, con el resurgimiento de ideologías.

Pero luego surgió otro cartel, para estos efectos mucho más dañino: el de los contratistas. Aun cuando una de las tantas reformas políticas lo prohibió, los contratistas directa o indirectamente siguen siendo beneficiarios de grandes contratos estatales.

El gran problema de fondo es que antes, la “persuasión política” no requería tantos gastos por la sencilla razón de que existían ideologías. ¿Cuántos asesores de imagen o ‘politólogos’ tuvieron que contratar estadistas de verdad que tuvo esta Nación como López Pumarejo, Laureano Gómez, Carlos y Alberto Lleras, López Michelsen, Barco o Luis Carlos Galán? Lo que ocurre es que el dinero entró a reemplazar el discurso.

Sin proponérselo, la Constitución del 91 contribuyó a esta distorsión cuando, por acabar con el bipartidismo, acabó con los partidos para caer en lo que tenemos hoy: una mezcolanza de siglas y eslóganes sin ningún contenido. Y se complementó con la circunscripción nacional de Senado y la lista abierta que hace de cada renglón de Senado una campaña con todos los factores que hemos citado.

Hoy no hay quien pueda impedirlo, pues el Consejo Nacional Electoral no tiene la organización suficiente para controlar a ‘don dinero’ en las campañas. Y los procesos que se han iniciado por financiación ilegal no han parado en nada, incluido el que ‘cursa’ en la Comisión de Acusación.

Esa desnaturalización de la democracia solo desaparecerá en un futuro, ojalá no muy lejano, con el resurgimiento de ideologías, partidos, cultura política en contra del enriquecimiento fácil y cuando, con instrumentos ágiles, la justicia pueda actuar con prontitud. Mientras tanto seguirá la farsa.

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