Opinión Ayudas públicas para el campo o regalo para el agronegocio

Director de Justicia Alimentaria

Cada vez que el campo entra en crisis, el discurso político se activa automáticamente. Ya ocurrió con la pandemia, con la guerra de Ucrania y vuelve a ocurrir ahora con la guerra en Irán y la amenaza sobre el mercado mundial de fertilizantes. El mensaje es siempre parecido: “hay que salvar al agricultor”, proteger al mundo rural y garantizar la producción de alimentos. Esta semana el Gobierno ha anunciado nuevas reducciones fiscales para agricultores y ganaderos afectados por adversidades climáticas, mientras en Bruselas se habla ya de ayudas urgentes para evitar que el encarecimiento de los fertilizantes golpee al sector agrario europeo. No es una ayuda cualquiera, hablamos de 2.000 millones de euros, que se unen a los 500 millones que el Estado dio en marzo por el mismo concepto: los fertilizantes sintéticos.

Y claro que hay que ayudar al campo. Sería absurdo decir lo contrario. El problema, como casi siempre, aparece cuando se analiza cómo se diseñan esas ayudas, qué modelo están sosteniendo realmente y quién termina quedándose con el dinero público.

Gran parte de las ayudas públicas terminan reforzando un modelo agroindustrial altamente concentrado, intensivo y profundamente dependiente de insumos fósiles

Porque detrás del relato romántico del campo existe una realidad mucho más incómoda: gran parte de las ayudas públicas terminan reforzando un modelo agroindustrial altamente concentrado, intensivo y profundamente dependiente de insumos fósiles, mientras la pequeña agricultura sigue desapareciendo en silencio.

El relato oficial sigue hablando del campo como si fuese una realidad homogénea, como si compartieran intereses un pequeño agricultor de secano, una explotación familiar, una cooperativa agroecológica y una gran agroexportadora que controla miles de hectáreas, consume millones de litros de agua y opera en mercados internacionales. Pero no los tienen.

Una pequeña minoría captura miles de millones de euros públicos mientras la mayoría de explotaciones recibe cantidades insuficientes incluso para garantizar su viabilidad

Y los datos lo demuestran. Según los análisis del FEGA sobre el reparto de la PAC, el 1% de los beneficiarios concentra cerca de una cuarta parte de todas las ayudas directas. Es decir, una pequeña minoría captura miles de millones de euros públicos mientras la mayoría de explotaciones recibe cantidades insuficientes incluso para garantizar su viabilidad. No es una anomalía. El sistema está diseñado así.

Porque las ayudas se reparten principalmente según superficie, volumen productivo o consumo de insumos. En resumen, no son progresivas, ni atienden a objetivos superiores de transformación, mejora etc. Quien más tierra tiene, quien más fertilizantes utiliza, quien más agua consume o quien más exporta, más dinero recibe. El resultado es evidente: el dinero público acaba reforzando precisamente el modelo más industrializado, más intensivo y más concentrado, aquel que nos ha traído a esta enorme crisis de la alimentación.

Por eso resulta tan engañoso presentar muchas de estas medidas como si fueran un rescate de la pequeña agricultura. Cuando se bonifica el gasóleo agrícola, el regadío intensivo o los fertilizantes químicos, quienes más se benefician no son quienes producen para mercados locales o mantienen sistemas diversificados de bajo impacto. Quienes más capturan esas ayudas........

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