Hace apenas unos días, la Comunidad de Madrid sacaba pecho de una inversión de más de 38 millones de euros con la que renovaba la flota de su Cuerpo de Bomberos con 36 nuevos vehículos. La noticia se presentó como una apuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reforzar el servicio y modernizar sus medios materiales. Sin embargo, detrás de ese anuncio se esconde una batalla judicial que llevaba tiempo librándose lejos de los focos. Un pulso entre los sindicatos de bomberos y el Ejecutivo madrileño sobre el destino de un dinero que, según acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), nunca debió emplearse para fines distintos de las inversiones reales del servicio.

El TSJM ha ratificado la sentencia que ya dictó el pasado mes de enero y vuelve a dar la razón a los bomberos frente a la Comunidad de Madrid. Los magistrados concluyen que el Gobierno regional estaba obligado a destinar íntegramente la recaudación obtenida mediante la denominada contribución especial del servicio de bomberos a inversiones reales, rechazando así la interpretación defendida por el Ejecutivo de Ayuso durante todo el procedimiento.

La resolución pone fin a un litigio iniciado por los sindicatos CCOO, CSIF y CSIT Unión Profesional, que decidieron acudir a los tribunales al considerar que la Comunidad estaba incumpliendo la finalidad para la que se recauda ese dinero. Se trata de una contribución especial abonada principalmente por las compañías aseguradoras para financiar el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y........

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