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La iniciativa conecta con una demanda legítima de la ciudadanía: vivir sin miedo. Sin embargo, una revisión más detenida revela que se trata de una propuesta de difícil viabilidad y cuestionable eficacia.

El primer obstáculo es jurídico. Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, si bien no prohíbe de manera absoluta la pena de muerte, sí impide su ampliación a delitos para los cuales no estaba previamente contemplada. En el marco constitucional vigente, su aplicación se limita a supuestos excepcionales. Extenderla a delitos comunes implicaría no solo denunciar el tratado, sino también........

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