PSC, Junts y ERC ultiman una reforma de reglamento del Parlament para blindar las multas por discursos de odio

Los partidos que forman la Mesa trabajan desde hace meses en una propuesta para dar rango de ley al régimen sancionador y tipificar las infracciones

La subida de tono de la extrema derecha pone en jaque los mecanismos del Parlament para guardar la convivencia

Vox ataca a una diputada de ERC al afirmar que "de momento" no la deportará y después pide perdón

Raquel Sans (ERC), vicepresidenta primera de la Mesa; Josep Rull (Junts), presidente del Parlament; y David Pérez (PSC), vicepresidente segundo de la Mesa. / Zowy Voeten / EPC

El ataque del diputado de Vox, Alberto Tarradas, a la parlamentaria de ERC, Najat Driouech, al afirmar desde el atril del hemiciclo que "de momento" no la deportará, ha marcado un punto de inflexión en la gestión de los discursos de odio en el Parlament. Por primera vez, la Mesa ha enviado de oficio el caso a la comisión del estatuto del diputado para investigar si vulneró el código de conducta y, además, ha abierto la puerta a llevarlo a los tribunales, tras acordar por unanimidad en el órgano rector formado por representantes del PSC, Junts y ERC pedir a los servicios jurídicos que estudien su posible "recorrido judicial".

Encontrar la fórmula para atajar las expresiones de odio sigue siendo una asignatura pendiente en una Cámara donde la extrema derecha ha ido elevando el tono al compás de su auge en las encuestas, sin que se haya impuesto, por ahora, ninguna sanción. Por eso, los partidos de la Mesa decidieron explorar la vía judicial, pero también, según ha podido saber EL PERIÓDICO, están ultimando una propuesta de reforma del reglamento que blinde las sanciones por vulnerar el manual de comportamiento y preserve ya no solo el decoro, sino los derechos de los parlamentarios.

El principal escollo que tiene la arquitectura actual es que las sanciones previstas no están blindadas jurídicamente. El código de conducta que recoge el régimen sancionador no tiene rango legal, lo que complica su aplicación si acaba recurrida la sanción ante los tribunales. Por eso, hace casi un año que PSC, Junts y ERC se propusieron trabajar conjuntamente en una reforma de la ley interna del Parlament que resolviera esta cuestión, tal como explicó este diario, incorporando las sanciones dentro del texto del propio reglamento. El retoque, en cualquier caso, deberá votarse en el pleno, donde las tres........

© El Periódico (ES)