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Las listas oficiales, las donaciones o el dinero negro: las lagunas de la vivienda de protección oficial

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21.02.2026

Las listas oficiales, las donaciones o el dinero negro: las lagunas de la VPO

El Tribunal Constitucional tumbó el artículo de la ley de vivienda estatal que regulaba aspectos básicos de la VPO

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

El caso de las VPO de Alicante, desvelado por el diario Información, del grupo Prensa Ibérica, revela que el sistema acceso a estos inmuebles —cuya característica más apetecible es que su precio está por debajo del de mercado— sigue presentando lagunas legales. La venta en ocasiones sin listas oficiales y sin exponer claramente los criterios de adjudicación, la ausencia en algunos casos de sorteos puros, la existencia de dinero 'negro' o las ampliaciones de capital en las cooperativas (en el caso de Madrid) son algunos de estos vacíos que se mantienen intocables por voluntad u omisión de las administraciones públicas, que además conviven con una maraña regulatoria donde las competencias y el poder se concentran principalmente en las comunidades autónomas.

1. Las listas oficiales

La principal 'coladera' son las conocidas listas oficiales o registros de demandantes, más bien su ausencia. ¿En qué consisten? Son lugares en los que se anotan los demandantes o interesados en una VPO, siempre y cuando cumplan con las condiciones para acceder a una. El primer problema es que estas no son obligatorias en todas las regiones, como por ejemplo en Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha en promociones desarrolladas por el sector privado —alrededor del 80% de las 86.000 que se han construido en los últimos diez años—. ¿Qué significa esto? En estos lugares, el promotor o la cooperativa pone a la venta las viviendas y los interesados las adquieren libremente. Esto permite casos en los que la relación con el promotor o los 'amiguismos' pongan por delante a uno y otro interesado en el inmueble de protección oficial, como ha sido el caso presuntamente del Ayuntamiento de Alicante, lugar en el que precisamente la ley no obliga a seguir el orden de unas listas o de un registro de........

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