Hay una tentación recurrente en la política económica: creer que los problemas estructurales se arreglan con buena redacción, un par de considerandos solemnes y un decreto bien peinado. Es lo que podríamos llamar el optimismo tecnocrático o, en su versión más refinada, el pensamiento mágico administrativo. El Decreto Supremo 5503 parece caer, con elegancia y buena intención, en esta categoría.

Porque el populismo, conviene decirlo sin rodeos, no es un error técnico ni un desliz de política macroeconómica. No es una tasa mal calibrada ni un subsidio mal focalizado. El populismo es un arreglo de poder, una arquitectura político-económica compleja que, mientras haya plata, funciona como reloj suizo… aunque por dentro esté hecho con piezas recicladas.

Desde la economía política comparada, el populismo no se define sólo por su discurso anti-élite ni por su amor eterno al “pueblo”, sino por algo mucho más terrenal: la distribución discrecional de rentas económicas a cambio de lealtades políticas. El Estado no gobierna; reparte. Y quien reparte, manda. Así de simple.

En su versión clásica, el populismo económico expande el gasto, congela precios, subsidia todo lo que se mueva (y también lo que no), fija el tipo de cambio como si fuera una ley de la física y posterga cualquier preocupación por el largo plazo. ¿Para qué pensar en mañana si hay elecciones pasado mañana? La literatura económica ha mostrado con paciencia franciscana que estos ciclos terminan siempre igual: crisis externa, inflación, escasez y conflictos distributivos. Spoiler alert: nunca termina bien.

Pero la versión moderna del análisis es aún más incómoda para los tecnócratas. El populismo no colapsa porque sea intelectualmente débil, sino........

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