El título de esta nota editorial, concebido para mi columna semanal, viniendo de un jurista que ha entregado su vida profesional casi entera a luchar por la reivindicación de los derechos de las víctimas, profesor de DD. HH. y DIH y, en general, observante y custodio celoso de la Carta Política, resultaría impensable como titular. Sin embargo, la situación actual en materia de derechos humanos y de garantías fundamentales de rango constitucional es tan crítica que hoy la sagrada acción del artículo 86 superior se ha desnaturalizado, jurídicamente hablando.

Reza la disposición precitada:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

Habría que escribir un tratado a la luz........

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