Cuando el Harvard Growth Lab publica un documento de cuarenta páginas sobre Bolivia en abril de 2026, el mundo académico y ciertos círculos mediáticos bolivianos —encabezados por voces como la de Jaime Dunn— lo celebran como conocimiento de primer nivel. El problema no es que el diagnóstico sea completamente falso. El problema es más grave: usa datos reales de forma selectiva, omite causas estructurales incómodas y llega a conclusiones que, disfrazadas de tecnocracia neutral, reproducen la misma lógica del Consenso de Washington que Bolivia ya experimentó con consecuencias sociales documentadas. Si la base analítica está sesgada, ó, incluso, contiene falsedades históricas, las soluciones derivadas no son ciencia económica: son ingeniería política con costo social diferido.

La trampa del gas: narrativa causal vs. realidad geológica

El informe de Hausmann et al. construye su argumento central sobre un dato que presenta como irrefutable: la producción de gas natural cayó 54,2% entre 2014 y 2025, de 59,6 a 27,3 millones de metros cúbicos diarios, y los volúmenes de exportación se desplomaron 77,6%. De esa cifra deriva, según se desprende del documento, una conclusión política directa: la nacionalización de 2006 mató a la gallina de los huevos de oro al ahuyentar la inversión privada en exploración. La elegancia narrativa es seductora. La evidencia causal, mucho más compleja.

Lo que el informe no problematiza es la naturaleza geológica del declive. Los campos Margarita-Huacaya y San Alberto —la columna vertebral de las exportaciones bolivianas— son yacimientos maduros cuya curva de agotamiento natural era predecible independientemente del régimen contractual vigente. La pregunta que el informe elude no es si la producción cayó, sino en qué proporción ese declive responde a su agotamiento natural versus desincentivos de política. Esa distinción analítica no es un detalle técnico: es la diferencia entre un diagnóstico honesto y una narrativa ideológica.

Más revelador aún es el pasaje sobre las reservas probadas pre-2006: el informe celebra que se multiplicaron por siete entre 1997 y 2002, de 3,8 a 27,4 TCF, como prueba de la bonanza del modelo anterior. Lo que no consigna es que esas certificaciones fueron realizadas por las propias empresas transnacionales —Petrobras, Repsol, Total— con metodologías cuya independencia nunca fue auditada externamente por el Estado boliviano. Las investigaciones de El País sobre la transición de Bolivia de exportador a importador neto de combustible señalan precisamente que parte sustancial de esas reservas certificadas fueron descubiertas por YPFB estatal entre 1990 y 1991, antes del proceso privatizador ejecutado por Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1994 y 1997, en tanto que las “certificaciones” a las que se refiere el estudio de Harvard Growth Lab nunca fueron comprobadas con perforación confirmatoria. Construir una narrativa de causalidad política sobre cifras de reservas potencialmente infladas por actores con interés directo en el marco regulatorio pre-2006 no es economía rigurosa: es circularidad argumentativa.

El FMI como ancla: cuando la solución es el problema

El Pilar 3 del informe es explícito en su prescripción central: Bolivia debe asegurar un programa del FMI —probablemente un Servicio Ampliado del Fondo— como condición para reconstituir reservas, anclar expectativas y legitimar el ajuste. Esta recomendación no sorprende viniendo de economistas formados en la tradición neoclásica anglosajona. Lo que sí sorprende es la ausencia total de una reflexión histórica sobre lo que significó el Decreto Supremo 21060 de agosto de 1985 en Bolivia: el programa de estabilización ortodoxo que, bajo condicionalidad externa equivalente, destruyó el empleo minero, desarticuló el movimiento sindical, relocalizó a 23.000 mineros y produjo la informalización estructural de la economía boliviana que el propio informe deplora décadas después.

El economista heterodoxo Ha-Joon Chang ha documentado sistemáticamente, en su obra sobre la historia del desarrollo económico, que los países hoy desarrollados construyeron sus capacidades industriales precisamente bajo marcos proteccionistas y con fuerte intervención estatal —las mismas políticas que el consenso de Washington les prohíbe a los países en desarrollo. Dani Rodrik, desde Harvard pero con una lectura radicalmente distinta a la de Hausmann y otros, ha argumentado que la apertura financiera prematura y la subordinación a condicionalidades externas producen lo que denomina "desindustrialización prematura": economías que se abren antes de haber construido las capacidades productivas básicas, estratégicas y vitales, que la apertura supone. Bolivia de 2026 es un caso de manual de ese fenómeno.

Gestora y el ahorro nacional: soberanía financiera como alternativa

El informe critica con dureza la gestión de Gestora, el administrador único del sistema de pensiones, señalando que ha destinado casi todos los fondos invertibles a deuda pública a tasas reales negativas, generando una brecha equivalente al 20% del valor real de la cartera. El dato es técnicamente correcto. La conclusión implícita —que Gestora debe liberarse para invertir en mercados de capitales internacionales— es exactamente lo contrario de lo que indica la experiencia comparada.

Los fondos de pensiones privatizados en Chile, paradigma que inspira la lógica del informe, generaron rentabilidades volátiles, comisiones abusivas y pensiones insuficientes que obligaron al propio Chile a una reforma estructural del sistema en 2023. La alternativa soberana no es la represión financiera que critica el informe, pero tampoco la exportación de los ahorros populares a mercados externos en los que Bolivia no tiene el más mínimo control del destino y resultados. Es la reorientación productiva de Gestora hacia proyectos de inversión real en sectores estratégicos dentro del país —energía renovable, industrialización del litio, infraestructura productiva— con tasas de retorno vinculadas a la rentabilidad de esos proyectos, no a los rendimientos especulativos del mercado secundario. Esa posibilidad no aparece en ninguno de los cinco pilares de Hausmann et al.

YPFB, YLB y COMIBOL: refundación vs. liquidación encubierta

El tratamiento del informe a las empresas estatales estratégicas es consistente con su premisa ideológica: el Estado debe retirarse para que el sector privado llene el espacio. Las recomendaciones sobre YPFB apuntan a reducir su rol comercial, fortalecer la ANH como regulador independiente y atraer operadores privados. Para el litio, el informe propone eliminar la Ley 928 y sustituirla por un marco que permita participación mayoritaria privada, liquidando el modelo de Yacimientos de Litio Bolivianos. Para la minería, el debilitamiento de COMIBOL en favor de contratos privados.

Lo que el informe no propone —y que una visión soberana exige— es la refundación corporativa de estas empresas bajo criterios de eficiencia productiva genuina: autonomía de gestión respecto al ciclo político, autofinanciamiento basado en resultados comerciales reales, diversificación tecnológica mediante alianzas con socios que transfieran conocimiento en lugar de extractivismo clásico, y liquidación de divisas obligatoria en el BCB como mecanismo de política monetaria soberana. El economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel y crítico documentado de la condicionalidad del FMI en crisis de países en desarrollo, ha argumentado que la privatización de recursos estratégicos en economías con baja densidad institucional produce captura rentista, no eficiencia schumpeteriana.

El conocimiento de primer nivel y sus patrocinadores

Jaime Dunn y otros comentaristas que han presentado este informe como evidencia técnica incuestionable omiten un dato metodológico elemental: el estudio fue financiado por Marcelo Claure, empresario boliviano-estadounidense con intereses directos en el tipo de apertura económica que el informe recomienda. El propio documento lo reconoce en su página de agradecimientos, aclarando que el donante "no tuvo injerencia alguna en el diseño, la ejecución ni las conclusiones." Esa declaración de independencia, procedente de los propios autores financiados, no constituye garantía metodológica.

El conocimiento de primer nivel no se mide por la marca institucional del emisor. Se mide por la transparencia de sus supuestos, la honestidad sobre la incertidumbre y/o veracidad de sus datos y la amplitud de las alternativas que considera. En esos tres criterios, el informe de Hausmann et al. falla sistemáticamente. Bolivia merece un diagnóstico que tome en serio su historia, sus instituciones reales y su soberanía. No una receta importada con sello de Harvard o Cambridge.

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