El 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo Ramos murió en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Tenía 25 años. El Estado español, que había activado toda su maquinaria legal para garantizar su derecho a morir, la acompañó con una eficiencia que nunca ejerció cuando ella más lo necesitaba.

Me detengo en este caso no para debatir sobre eutanasia —ese debate tiene su espacio y su complejidad propia— sino para mirar atrás. Para hacer la pregunta que los medios masivos no hicieron: ¿cómo llegó Noelia hasta ahí?

La historia que empieza antes del final

Noelia fue diagnosticada con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) a los 13 años. A esa misma edad ingresó al sistema tutelar del Estado, porque sus padres no pudieron —o no quisieron— estar presentes de manera real en su vida.

Quiero ser directo sobre algo que incomoda: la responsabilidad de los padres no se agota en proveer recursos económicos. Ser padre o madre es también —y, sobre todo— estar presente en las dificultades, identificar las señales de alerta, acompañar los procesos de dolor con dedicación y constancia. Un diagnóstico siquiátrico en la adolescencia no es solo un papel médico: es una señal de emergencia que demanda acción familiar inmediata. En el caso de Noelia, esa señal fue ignorada.

Luego vinieron las agresiones. Tres episodios de violencia sexual que ella relató con valentía: una expareja, dos hombres en una discoteca, y una violación grupal que fue el detonante de su intento de suicidio en octubre de 2022, el mismo que la dejó parapléjica. Noelia no denunció formalmente esas agresiones. Y esa decisión, que algunos interpretan como una elección libre, yo la leo como el resultado acumulado de años sin confianza en las instituciones, sin redes de apoyo, sin alguien que le convenciera que valía la pena intentarlo.

Sus agresores siguen vivos. Tienen nombre, aunque nadie lo publique. Tienen una vida que continúa sin consecuencias. Y con la muerte de Noelia, es probable que muera también la última posibilidad de que algún día respondan ante la justicia.

La depresión como factor real, aunque minimizado

Los informes médicos que avalaron la eutanasia de Noelia sostienen que su decisión se basó principalmente en las consecuencias físicas irreversibles de su lesión medular y no en un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, es altamente probable que una depresión profunda y sostenida, haya estrechado su capacidad de imaginar un futuro posible.

Miles de personas con paraplejía construyen vidas plenas y significativas. La diferencia no está en la lesión: está en el acompañamiento, la inclusión real y el soporte emocional genuino. A Noelia nunca se le garantizó ninguno de los tres con suficiencia.

La paradoja del Estado eficiente

Lo que más perturba de este caso no es la eutanasia en sí misma. Es el contraste. El mismo Estado que no supo protegerla cuando era una niña vulnerable, que no articuló mecanismos para que pudiera denunciar sus agresiones, que no le garantizó rehabilitación psicosocial integral después de su lesión medular, sí fue capaz de activar cinco instancias judiciales para revisar su solicitud de muerte con una meticulosidad impecable. El sistema funcionó, pero no para lo que debería.

La paradoja más cruel del final: el padre que no estuvo en los años más críticos del desarrollo de su hija sí apareció con toda la energía del mundo —y con cinco instancias judiciales— para impedirle morir. Noelia lo expresó sin rodeos: “No tenía una relación cercana con él. Me ignora. Entonces, ¿por qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”

Desde Tarija, con los pies en la tierra

España es un país con sistema de salud universal, con legislación “avanzada” en violencia de género. Y, aun así, Noelia cayó por todas las grietas. En Bolivia, las víctimas de violencia sexual muchas veces no denuncian porque saben que el proceso las revictimizará. Las instituciones de protección a la niñez operan con recursos mínimos, personal insuficiente y sin continuidad de atención. Los servicios de salud mental son prácticamente inexistentes en zonas rurales y periurbanas.

Si en España, con toda su infraestructura, una joven pasó 25 años sin que nadie resolviera lo fundamental, ¿qué esperanza tienen las Noelias de aquí, donde ni siquiera hay un sistema lo suficientemente visible como para fallar con coherencia?

El silencio es una postura

Este artículo no pretende cerrar ningún debate. Pretende abrirlos. El de la responsabilidad parental y su vínculo con las trayectorias de vida de los hijos e hijas. El de la impunidad de los agresores sexuales y el silencio cómplice que los protege. El de un Estado que prioriza ciertos tipos de eficiencia mientras abandona la protección real de los más vulnerables. El de una sociedad que se conmueve durante una semana y luego olvida, y en ese olvido permite que todo continúe igual.

Noelia dijo antes de morir: “Quiero irme ahora en paz y dejar de sufrir”. Yo me pregunto si alguna vez, en sus 25 años de vida, alguien hizo lo suficiente para que esa oración nunca fuera necesaria.

Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. Y exactamente por eso hay que hacerla, en voz alta, con nombre y apellido, en cada espacio que tengamos disponible. Porque el silencio, en estos casos, no es neutralidad. Es complicidad.

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