La competitividad de Colombia en 2026 enfrenta un punto de inflexión, por la desconexión entre el potencial del talento nacional y los indicadores de eficiencia global. El Informe Nacional de Competitividad señala que la baja productividad y la alta informalidad son resultado del diseño institucional que desincentiva el crecimiento y el fortalecimiento técnico. Para avanzar es clave pasar de diagnósticos generales a la ejecución de metas medibles que integren economía popular y el sector rural en la formalidad.

El gran obstáculo de nuestra economía es que un trabajador colombiano solo alcanza a producir el 30% de lo que genera un trabajador promedio en países de la Ocde. Esta diferencia no se debe a que trabajemos menos, sino a que lo hacemos con herramientas obsoletas y procesos rezagados.

La informalidad es una estructura que limita la escala empresarial. Una unidad productiva informal no adopta tecnologías avanzadas porque carece de posibilidades para el largo plazo. El costo de cumplimiento regulatorio y tributario para una MiPyme es proporcionalmente superior al de una gran empresa, lo que genera un incentivo para permanecer en pequeña escala. Este escenario se profundiza en la ruralidad, donde la informalidad alcanza el 84%. La ausencia de mecanismos de contratación adaptados a la estacionalidad en el campo limita que el agro se consolide como un sector de alto valor agregado.

Para el cuatrienio 2026-2030, el Plan Nacional de Desarrollo debe incluir metas para elevar la productividad laboral al menos al 38% respecto a la Ocde con integración de herramientas de análisis de datos e IA en las pymes. Y, reducir la informalidad laboral general al 48% a través de un esquema de tributación simplificada y digital de un solo paso que elimine barreras de entrada al sistema formal.

Para el sector agropecuario una meta clave será reducir la informalidad rural del 84% al 70%. La herramienta para lograrlo podría ser un modelo de Contrato de Jornada Agropecuaria, que permita la cotización a seguridad social por días laborados, reconociendo la realidad transitoria de las cosechas.

También, incrementar la inversión en I+D, priorizando recursos de regalías en proyectos con capacidad de generación de patentes. Finalmente, los costos logísticos deben reducirse significativamente, mediante la implementación efectiva del multimodalismo, con corredores ferroviarios y navegación fluvial.

El cumplimiento de estos objetivos implica riesgos como el déficit de talento especializado y la inestabilidad regulatoria. Para mitigarlos, se requiere de una transición progresiva hacia la formalidad; donde el Estado asuma parte de la carga prestacional de los nuevos empleos formales durante los primeros dos años.

La competitividad requiere del marco normativo que facilite la operación privada y una política pública que priorice la eficiencia técnica. El próximo cuatrienio es la ventana de oportunidad para ajustar las variables estructurales que han limitado el crecimiento. Si la formalidad se convierte en un mecanismo de acceso a tecnología y capital, Colombia podrá superar el estancamiento de su productividad y consolidar una economía de valor agregado.

La viabilidad de estas metas depende de la creación de un Fondo de Compensación para la Formalidad, una herramienta financiera que funciona como un mecanismo de mitigación de riesgos para empresas en transición, con acompañamiento estatal, donde el fondo podría asumir, de manera temporal y decreciente, las contribuciones a la seguridad social y parafiscales de los nuevos empleos creados. Este alivio temporal, permitiría que las unidades productivas estabilicen su operación formal antes de asumir la totalidad de los costos laborales, incentivando así la creación de puestos de trabajo de calidad en sectores estratégicos.

Este esquema de compensación tendría impacto transversal, pero priorizaría a los dos grupos con mayores barreras de entrada al sistema productivo. La ruralidad y los jóvenes. En el campo, el fondo actuaría como el soporte para viabilizar el Contrato de Jornada Agropecuaria, al cubrir los aportes de los trabajadores estacionales y reduciendo la incertidumbre del productor.

Para los jóvenes, el mecanismo sirve como un incentivo para la contratación de primer empleo, compensando falta de experiencia con un menor costo operativo. De esta manera, el fondo a la vez que formaliza, asegura que las nuevas generaciones y los habitantes rurales se integren a una economía de mayor valor agregado bajo condiciones de protección social que hoy no tienen.

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