Con tantos años de tener encima este problema, el no haberlo resuelto aún nos da para calificar de incompetente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad bajo cuya responsabilidad se encuentra este proceso liquidador.

Si tenemos en cuenta que el 96,41 % de las acciones pertenecen al gobierno nacional y el restante 0,59 % al departamento y algunos municipios del Tolima, resulta más acentuada la obligación del Estado de proteger los derechos y acreencias de estos trabajadores y más censurable su inoperancia.

Esto está llevando a condiciones dramáticas a 96 familias que dependen de las mesadas de........

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