El riesgo es que la extrema contingencia de los problemas de seguridad haga que el ministerio se deje seducir por la tentación de invertir su tiempo y energía en acciones de corto alcance. Por ejemplo, aparecer en los medios encabezando operativos policiales.

A 10 días del cambio de gabinete parece un buen momento para reflexionar sobre los desafíos del nuevo ministro de Seguridad Pública. Uno central, que ha sido discutido, ha tenido que ver con la necesidad de desarrollar un plan de seguridad y las orientaciones básicas que debieran guiarlo. Quisiera presentar algunas reflexiones en esta materia, que me parece no ha sido abordada con la profundidad adecuada en el debate público y político reciente.

Como punto de partida, hay que recordar que estamos en presencia de un ministerio de reciente creación, cuya instalación lleva un poco más de un año. En este período se ha avanzado en la construcción de una nueva institucionalidad en seguridad pública, la que probablemente tomará años en consolidarse.

Una tarea central del nuevo ministro será entregarle continuidad a este proceso, reconociendo los avances realizados. Uno de ellos es que, desde octubre de 2025, contamos con una Política Nacional de Seguridad Pública para el período 2025-2031 (publicada en el Diario Oficial en enero de 2026). Su desarrollo no ha sido un capricho de la administración anterior, sino el cumplimiento del mandato legal explícitamente establecido en la ley que creó al ministerio (n.° 21.730) que, vale la pena recordar, contó con amplia aprobación y consenso político.

En este contexto, llamaba la atención que en el debate público y político no se hubiera adoptado como punto de partida el constatar la existencia de esta Política. También, que la actual administración no se hubiera pronunciado claramente acerca de ella y que más bien pareciera ignorarla, lo que afortunadamente ha sido subsanado en días pasados por el ministro Arrau.

Cualquier plan y estrategia que se elabore en materia de seguridad debiera construirse y estar alineado a la Política, como lo establece el propio artículo 27 de la Ley n.° 21.730. Se trata de un deber legal y no una mera cuestión de discrecionalidad política. La idea del legislador, al exigirla, fue precisamente ayudar a contar con una estrategia que pudiera proyectarse en el tiempo más allá de las contingencias políticas de cada........

© el mostrador