El día que empecemos a considerar normales las ilegalidades, a conformarnos con explicaciones superficiales y a perder el interés por conocer toda la verdad, habremos abierto la puerta para que intereses ajenos al bien común encuentren un espacio dentro del Estado.

Las sociedades y sus instituciones comienzan a deteriorarse cuando las autoridades, los partidos políticos y la propia ciudadanía deciden llamar “errores” a hechos que, por su gravedad, exigen algo muy distinto: una investigación exhaustiva y respuestas convincentes.

Eso está ocurriendo con el caso Steinert.

Después del dictamen de la Contraloría ya no estamos frente a un simple desacierto administrativo. Lo que existe es la constatación de una actuación ilegal en el ejercicio de una función pública.

Sin embargo, buena parte del debate político parece conformarse con esa explicación: fue un error, se cometió una equivocación, demos vuelta la página y por el otro lado una posible acusación constitucional, que solo se centrará en el oficio que envió Steinert a la PDI.

Ese es precisamente el problema.

Cuando aceptamos esos caminos renunciamos a hacernos las preguntas incómodas. Y son esas preguntas las que permiten descubrir si detrás de una irregularidad o ilegalidad hubo simplemente incompetencia o existían intereses mucho más graves.

¿Por qué una ministra recién asumida mostró un........

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