Las leyes no son solo herramientas jurídicas: son también un reflejo del país que queremos construir. Si aspiramos a una sociedad más justa, debemos poner a las personas –no solo a las cifras ni a las instituciones– en el centro de nuestras decisiones.

Mientras a las grandes empresas o instituciones se les conceden plazos graduales y condiciones flexibles para adaptarse a los cambios, a muchas personas mayores del sector público se les impone el retiro con un aviso que apenas les deja margen de reacción. La modernización del Estado no puede construirse sobre la angustia de quienes han dedicado su vida al servicio público.

En Chile, pareciera que la empatía legislativa tiene destinatarios selectivos. Cuando se trata de empresas o instituciones, los plazos se extienden, las medidas se suavizan y las transiciones se planifican con extremo cuidado. Pero cuando se trata de personas –de ciudadanas y ciudadanos concretos, con nombre, rostro e historias–, la ley suele ser más dura, más rápida y, muchas veces, menos compasiva.

Un ejemplo reciente de esta asimetría es el artículo 90 de la Ley N° 21.724, publicada el 3 de enero de 2025. Paradójicamente, esta norma forma parte de una ley titulada “Otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público,........

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