Chile demanda más seguridad, mejores pensiones, mayor protección social y un combate más eficaz contra el crimen organizado. Pero sigue evitando una discusión igualmente importante: cómo financiar, administrar y legitimar las capacidades estatales necesarias para hacerlo posible.

Durante varios días, Chile discutió sobre cientos de niños haitianos supuestamente desaparecidos.

La hipótesis de una crisis de enorme magnitud dominó titulares, declaraciones políticas y debates televisivos. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, la mayoría de los menores inicialmente reportados como inubicables fueron localizados junto a sus familias, escolarizados e inscritos en el sistema de salud.

La evolución de la investigación mostró un escenario más complejo que el sugerido por las primeras interpretaciones públicas. Pero dejó una pregunta más relevante que el propio caso: ¿cómo llegó el Estado a perder la trazabilidad de personas que habían ingresado legalmente al país?

El episodio no fue solamente un problema migratorio. Fue una señal de algo más profundo: dificultades para registrar, coordinar información y actuar oportunamente frente a situaciones que exigen seguimiento institucional. En términos simples, una manifestación de la capacidad efectiva del Estado para conocer la realidad que pretende gobernar.

La discusión sobre secreto bancario apunta en una dirección similar. Se exige una persecución más eficaz del narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado. Pero cuando se plantean mecanismos para seguir flujos financieros sospechosos surgen resistencias inmediatas frente a una ampliación de atribuciones estatales.

Ello plantea una tensión evidente: se........

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