Boric y Kast son los presidentes más ideológicamente definidos que ha tenido Chile en décadas, y los dos moderaron su programa apenas empezó a costar.

Este año José Antonio Kast asumió con una aprobación alta, como suele ocurrir con cualquier presidente entrante. A los pocos meses, las encuestas muestran un descenso marcado, con repuntes parciales asociados a momentos puntuales como la Cuenta Pública, sin que el gobierno logre todavía recuperar el respaldo inicial de forma sostenida.

Cuidado con la lectura de ese dato: Kast lleva apenas un cuarto del tiempo que gobernó Boric, así que lo que para uno puede ser un balance casi cerrado, para el otro es todavía un proceso en marcha.

Ese vaivén revela algo más de fondo que una curiosidad de las encuestas: un gobierno que entra con una convicción declarada y que, apenas el costo político empieza a sentirse, busca cómo administrar la caída en lugar de sostener lo que prometió

La tentación es buscar la explicación en los errores de gestión: el alza del combustible, los recortes presupuestarios mal comunicados, la promesa migratoria que no se pudo cumplir. Todos esos factores existen y tienen peso. Pero hay una pregunta anterior, más incómoda: ¿estaban Boric y Kast realmente dispuestos a gobernar con el programa con que ganaron, o los programas sirvieron para ganar y luego fueron otra cosa?

La explicación institucional es la más frecuente y la más cómoda: Chile tiene un Congreso fragmentado, quórums supra mayoritarios, un Tribunal Constitucional activo y una arquitectura política que premia el empate, y en ese marco cualquier presidente con un programa ambicioso va a encontrar resistencia.

El argumento es cierto, pero no explica por qué los presidentes ceden antes de que esa resistencia se materialice.

Boric moderó su programa económico durante la campaña, no en el gobierno, cuando las encuestas mostraron que el electorado de centro y los mercados se incomodaban con algunos de sus compromisos más radicales, presionado más por sus propios asesores —que le advirtieron del costo electoral— que por el Congreso o el Tribunal Constitucional.

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