En su segunda alocución como presidente electo, el próximo jefe de Estado redujo su política de seguridad a una sola frase: a los violentos, «un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla». Días antes, al recibir su credencial, había fijado el plazo —un mes— y la advertencia de que no habrá ofertas generosas. Pues bien: la respuesta de la organización armada ilegal más grande del país reposa por escrito desde junio:

«Estamos listos, señor presidente». Entre ese ofrecimiento único y esa aceptación escrita se juega una de las decisiones de seguridad más importantes del cuatrienio que comienza. Porque el 7 de agosto Colombia no solo cambiará de gobierno: entrará en una prueba de madurez institucional que pocos países en transición armada han superado, la de demostrar que un proceso puede sobrevivir al relevo de quienes lo impulsaron. Esa prueba no es retórica. Es concreta, verificable y, sobre todo, ineludible. El proceso que acompaño como apoderado del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) llega a ese umbral con un andamiaje que no depende de la voluntad de un solo gobierno: la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025 y los Compromisos de Doha del 5 de diciembre de 2025, alcanzados con la mediación de Qatar —país anfitrión—, España, Noruega y Suiza; la constatación que el Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene desde al menos 2018, bajo los criterios objetivos del derecho internacional humanitario, de que aquella organización es parte en un conflicto armado no internacional; y la verificación de los compromisos encomendada por las propias partes a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), con mandato renovado hasta 2027. No son gestos simbólicos: son anclajes institucionales. Por eso, tras la reunión de balance celebrada en junio con los países mediadores, ambas delegaciones —la del Gobierno saliente y la del EGC— ratificaron su voluntad de continuar y de preparar el empalme con la nueva administración. La primera razón para continuar es jurídica, y es la más sólida. La paz, en Colombia, no es programa de gobierno: es mandato constitucional. El artículo 22 la define como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sin distinguir el........

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