Hace más de dos siglos, un estado americano prefirió amenazar con la horca antes que obedecer a una corte. Esa vieja pelea explica algo que hoy nos toca de cerca: quién manda de verdad en una democracia — y quién solo dice que manda.

En 1793, el estado de Georgia, en Estados Unidos, estuvo a punto de aprobar una ley insólita: pena de muerte para quien intentara hacer cumplir, contra Georgia, una sentencia de la Corte Suprema. Así, tal cual. La horca como respuesta a un fallo judicial. ¿Qué había decidido la Corte para provocar semejante furia? Algo que hoy suena elemental: que un ciudadano podía demandar a un estado y ganarle. Un comerciante reclamaba una deuda que Georgia nunca le pagó; Georgia respondió que ella era "soberana" y que a los soberanos no se les demanda; y la Corte contestó, en un caso llamado Chisholm contra Georgia, que aquí nadie está por encima de la ley. Georgia perdió el pleito, pero armó tanto escándalo que dos años después le cambiaron la Constitución al país para darle gusto. Detrás de esa pelea de plata había una pregunta enorme, la más importante de todas: ¿quién manda de verdad? Y las respuestas posibles eran dos. Dos maneras de responder "quién manda" La respuesta inglesa: manda el Parlamento. El Congreso, diríamos nosotros. Lo que el Parlamento apruebe es ley, nadie puede tumbarla, y punto. Suena razonable —al fin y al cabo el Parlamento es elegido— hasta que uno lo piensa dos veces: si el Parlamento puede hacer cualquier ley, entonces la mayoría de turno puede cualquier cosa. Hoy te protege; mañana, con otros votos, te quita lo que te dio. La mayoría del momento es, literalmente, el rey. La respuesta americana: manda el pueblo. Pero ojo, no como frase de discurso. Los americanos convirtieron esa idea en una tecnología concreta: el pueblo escribe una Constitución, esa Constitución queda por encima del Congreso, y ninguna ley puede contradecirla. El Congreso legisla, sí, pero dentro de........

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