El choque entre el Gobierno, la Fiscalía y las altas cortes por las capturas del Ejército Gaitanista de Colombia-EGC no es un problema de personas. Es un problema de competencias mal leídas.

La libertad personal es la regla; su restricción, la excepción. Sobre ese mandato del artículo 28 de la Constitución se ha construido todo el régimen colombiano de capturas. Pero el debate que estalló este mayo —el Gobierno solicitando la suspensión de 29 órdenes de captura contra miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la Fiscalía negándose, la Corte Suprema respaldándola, el Consejo de Estado decidiendo otro caso similar— no es sobre la regla. Es sobre quién tiene la llave para abrirla y cerrarla. Y la respuesta exige distinguir lo que la prensa, y a ratos las propias autoridades, vienen mezclando. En Colombia conviven cuatro regímenes que reparten esa facultad: el ordinario del Código de Procedimiento Penal, el especial de la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas —hoy la Ley 2272 de 2022—, el transicional de la JEP, y el de extradición. Saber cuál aplica define quién manda. En el ordinario la respuesta es clara: la orden la profiere el juez de control de garantías, y solo él, o el juez de conocimiento, puede suspenderla. Es la reserva judicial. Donde el laberinto se cierra es en el régimen especial de paz. La Ley 2272 introdujo una distinción que el debate público ha desdibujado. De un lado están los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (Gaoml), con mando responsable, control territorial y operaciones militares sostenidas; con ellos se hacen negociaciones políticas. Del otro, las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai), de naturaleza criminal, con las que se adelantan acercamientos orientados al sometimiento. La distinción no es nominal: cambia quién decide y cómo. El parágrafo 3° del artículo 5°........

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