Al otorgar el "presidente-empresario" un protagonismo político y mediático altísimo a las donaciones empresariales como la fuente principal de financiación de emergencia sísmica, indiscutiblemente, se desdibuja la responsabilidad social del Estado colombiano con las poblaciones más vulnerables, desde una perspectiva constitucional.

El art. 334 constitucional atribuye, exclusivamente, a nuestro Estado Social de Derecho, intervenir en "la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios privados", para racionalizar la economía del país a fin de conseguir calidad de vida de los habitantes, por lo que........

© El Meridiano