Más que un eslogan, la «emergencia» será el eje rector del gobierno de Kast. Esta columna proyecta cómo se utilizará la crisis como método de mando, fusionando un «Estado habilitador» en economía con un «Leviatán implacable» en seguridad. Bajo la premisa de que el país «se cae a pedazos», se busca legitimar la excepción y restaurar el orden moral. El riesgo es que esta lógica, espejo menor del trumpismo, transforme la urgencia en una norma permanente que sacrifique la deliberación democrática.

Umbral

La derecha chilena —que se supone que llega al poder con un manual de operaciones, planillas y cuadros de mando— se halla perpleja ante su propia consigna: «gobierno de emergencia». Frase repetida por el Presidente electo José Antonio Kast y su círculo íntimo como si fuese una obviedad; pero, a su alrededor, aumenta el ruido de las interpretaciones.

Larroulet, exministro e influyente asesor del Presidente Piñera, ha dicho que la emergencia debería durar cuatro años, como si la excepcionalidad pudiera administrarse dentro del calendario completo del período presidencial. Axel Callís, sociólogo y encuestador, por el contrario, vaticina que la expresión se evaporará en cuestión de meses: nadie quiere vivir indefinidamente bajo sirenas.

Otros ven en esta designación una fórmula comunicacional útil para marcar contraste con el gobierno Boric, predicado como rutinario, errático o mediocre; una teatralidad eficaz para «mostrar acción» y ensayar el gesto de mando. Y hay quienes, con razones tácticas, advierten que instalar la emergencia como marca de gobierno podría convertirse en un error. Según escribe P. Navia en este mismo medio: «Usar el lenguaje de emergencia, como si en Chile hubiera un incendio que necesita ser apagado lo antes posible, genera falsas expectativas y obliga al gobierno a mostrar resultados concretos de corto plazo que serán muy difíciles de lograr».

No me interesa dirimir quién tiene razón en estos asuntos, algo que eventualmente decidirá la diosa Fortuna. En Chile, por lo demás, conocemos emergencias que duran más de lo que el lenguaje permite: estados de excepción renovados una y otra vez hasta cubrir casi un cuatrienio, como ocurre en la Macrozona Sur. Según señaló la ministra de Defensa: «No se puede vivir toda la vida con zona de excepción». En efecto, la excepción se normaliza. La emergencia aprende a convivir con la rutina. Y entonces la cuestión cambia de lugar: la pregunta no es si la consigna resiste cuatro meses o cuatro años, sino qué tipo de conducción política se instala cuando la emergencia deja de ser un episodio y se convierte en principio organizador. O sea, en el horizonte principal de gobernanza durante el período presidencial que viene.

Mi tesis es ésta: la emergencia será el eje del gobierno de Kast. No un eslogan del que después se arrepiente el marketing, sino el hilo rojo del programa ofrecido al electorado, reiterado en campaña por todo el territorio e inscrito en el prólogo de aquel documento —en la melodía y la partitura—, reforzado con instrumentos específicos y planes concretos.

Creo que, más allá de las dudas y controversias públicas sobre esta designación, la fuerza de los hechos terminará por imponerlo como matriz discursiva. Será el tema conductor de la agenda presidencial, así como la transición lo fue para Aylwin, la modernización para Frei y Lagos y las reformas para Bachelet. Cuenta con el entusiasta apoyo del Partido Republicano; a fin de cuentas, se dice, A. Squella, su presidente, habría «inventado» la fórmula. A su turno, una de las corrientes intelectuales de la derecha, el IES, think tank de ideas conservadoras-católicas y sociales-subsidiarias, lo ha recibido con el aplauso de su director ejecutivo.

Lo importante, en suma, es que, para el kastismo, la emergencia es un modo de leer el país y de gobernarlo; una óptica que las derechas en su conjunto recién comienzan a absorber.

Diagnóstico

Para ser creíble, la emergencia presupone un diagnóstico integral. La consigna republicana lo sintetiza a la perfección: «El país se cae a pedazos». No es una metáfora inocente; es una afirmación performativa. Si el país se cae a pedazos, entonces lo normal es insuficiente: la administración corriente no basta; la gestión incremental luce como frivolidad; la «derechita cobarde» se queda corta y la deliberación se vuelve un lujo.

Trump hizo su campaña y ha dirigido el primer año de su gobierno con esta consigna traducida al inglés: Make America Great Again. En ese contexto, la división de poderes es un estorbo; los procedimientos burocráticos se convierten en obstáculos; las órdenes ejecutivas sustituyen la tramitación legislativa y las decisiones se personalizan al margen de la institucionalidad. Los países en crisis exigen gobiernos que actúen con urgencia.

En esta narrativa, versión chilena, el culpable es el «pésimo» gobierno de Boric, descrito como ineficaz, errático, inexperto, de volteretas ideológicas e incapaz de sostener el orden, el crecimiento o la dirección. El estancamiento del país se atribuye a una mezcla de permisología, Estado obeso, burocracia de «amarres», regulaciones asfixiantes y —en un registro importado— una suerte de «swamp chileno» que tendría capturado al aparato público, lo habría vuelto lento, desconfiado, corrupto y adversario de la inversión. Los animal spirits habrían sido domesticados o enjaulados.

No discutiré el diagnóstico que considero unilateral, liviano, exagerado y, en gran medida, falso, aunque eficaz como arma comunicacional y eficiente publicitariamente. Más importante: para las derechas movilizadas tras el programa de Kast, sirve como base para el gobierno de emergencia. En efecto, le proporciona un piso estructural en economía y política.

No es casualidad, por lo mismo, que la emergencia conecte de inmediato con el lenguaje de «destrabar», «acelerar», «desregular» y «liberar». La promesa no es sólo reducir impuestos ni recortar el gasto. Mi hipótesis es que estamos ante la posibilidad de una segunda generación de políticas liberalizadoras, más sutiles y de mayor impacto microeconómico: levantar regulaciones, simplificar permisos, acelerar inversiones, reordenar mercados, promover asociaciones con inversionistas estratégicos.

¿Sería esto nada más que un nuevo ciclo de iniciativas privatizadoras encubiertas?

No lo creo. El Estado no desaparece de la escena. Al contrario, reaparece, esta vez con un rol activo de apoyo y un socio mayor del capital privado, como ya ocurrió durante el gobierno de Boric, por ejemplo, con la alianza empresarial de Codelco y SQM, timoneada por M.Pacheco. Tal vez la........

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